En una reciente entrevista en el programa Democracy Now!, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío intentó desmontar las acusaciones de trabajo forzoso en las misiones médicas internacionales de Cuba, asegurando que el programa estatal “es muy similar” al de organizaciones estadounidenses, europeas o incluso agencias de Naciones Unidas.
"Los términos de esta cooperación [...] están en total consonancia con lo que practica Naciones Unidas y lo que practican muchos países cuando prestan asistencia", afirmó el funcionario, al responder a declaraciones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones que “el régimen cubano no les paga a estos médicos. Les quita sus pasaportes, y básicamente es, en muchos sentidos, trabajo forzoso”.
En sus declaraciones, Fernández de Cossío acusó a Rubio de mentir: “Él conoce muy bien [...] que estos médicos reciben su salario pleno en Cuba mientras prestan servicios en otro país, [y que] reciben un estipendio digno, amplio, que les incrementa su nivel de vida y es mejor que el que tienen sus colegas en Cuba”.
El vicecanciller defendió el programa como un gesto de solidaridad y cooperación internacional, alegando que “ha recibido el elogio de Gobiernos, de varios secretarios generales de Naciones Unidas, por la capacidad que ha tenido de prestar asistencia médica a millones de personas”.
Sin embargo, su discurso omite lo esencial: que el gobierno cubano se queda con la mayor parte del salario que pagan los países receptores por estos servicios, y que muchos médicos no pueden negarse a participar sin enfrentar represalias, desde sanciones laborales hasta restricciones de salida del país.
Aunque Fernández de Cossío insiste en que las misiones se basan en acuerdos “bilaterales con cada país”, el régimen no permite que los médicos negocien sus condiciones, ni que ejerzan libremente su profesión fuera de la supervisión del Estado.
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Diversos informes, entre ellos los de Human Rights Watch y testimonios recogidos por medios independientes, documentan un patrón constante: confiscación de pasaportes, retención de salarios, vigilancia en los países de destino y castigos a quienes desertan o se niegan a cumplir una segunda misión.
La afirmación de que los médicos son “mejor pagados” y “dignamente tratados” contradice lo que los propios galenos cubanos han denunciado durante años. Muchos de ellos huyen durante las misiones, rompen con sus familias y se enfrentan al castigo de no poder regresar a la isla durante al menos ocho años.
Fernández de Cossío intentó además justificar el sistema de misiones médicas dentro del discurso oficial de “agresión económica” por parte de EE.UU.: “El objetivo [del embargo] es cercar a Cuba y aislarla de la economía internacional. [...] Eso repercute en la vida de los cubanos”, dijo.
Lo que no menciona el vicecanciller es que, mientras denuncia un “bloqueo económico sin precedentes”, las misiones médicas representan una de las principales fuentes de ingresos para el régimen, que recauda anualmente miles de millones en moneda dura a costa del trabajo de los profesionales de la salud.
El impacto humano: entre la vocación y el sacrificio forzado
Más allá del discurso diplomático, las misiones médicas son para muchos cubanos una experiencia ambivalente: la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida temporalmente, pero también una herramienta de control político, aislamiento familiar y explotación.
La comparación con la ONU, lejos de esclarecer, busca despolitizar un modelo diseñado para beneficiar al Estado, no a sus trabajadores. En palabras del propio vicecanciller: “Rubio [...] ha debido mentir. Primero los acusó de ser agentes del Gobierno cubano, agentes de inteligencia [...]. Ahora ha cambiado su narrativa y dice que es trabajo forzado, que se trata de esclavos, que no se les paga. Todo lo cual es una falacia”.
Para los médicos cubanos, sin embargo, esas “falacias” describen una realidad que muchos han vivido en carne propia. Y para miles de cubanos dentro y fuera de la isla, el debate no es sobre diplomacia, sino sobre derechos, dignidad y libertad.
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