La Cámara de Representantes de Florida ha aprobado, con una abrumadora mayoría de 113 votos a favor y solo 2 en contra, un proyecto de ley que promete alivio financiero a los propietarios de condominios afectados por las elevadas cuotas impuestas tras las reformas estructurales post-Surfside.
La medida, impulsada por la representante estatal republicana Vicki López, de Miami-Dade, introduce una serie de cambios significativos destinados a reducir la carga económica sobre los residentes, muchos de los cuales se han visto obligados a vender sus viviendas o abandonar sus hogares por no poder afrontar los nuevos costes.
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“Esto, creo, va a ser una legislación histórica para abordar todos los problemas financieros que hemos escuchado de nuestros electores”, aseguró López tras la votación, en declaraciones recogidas por Telemundo 51.
Entre las reformas más destacadas se incluye la posibilidad de que las asociaciones de condominios obtengan líneas de crédito en lugar de mantener reservas monetarias obligatorias, así como la expansión del programa estatal My Safe Florida Home a propietarios de condominios.
También se permitirá el voto electrónico en las elecciones internas de las asociaciones, reconociendo que muchos propietarios no residen de forma permanente en sus unidades.
El precedente de Surfside: El origen de la crisis
El impulso de esta legislación responde a las consecuencias económicas derivadas de las regulaciones impuestas tras el colapso del edificio Champlain Towers South, en Surfside, ocurrido en 2021, una tragedia que cobró la vida de 98 personas.
En respuesta, el estado de Florida endureció las normativas de seguridad: se impusieron inspecciones estructurales obligatorias y se exigieron estudios de reservas para todos los edificios antiguos, elevando drásticamente los costes operativos de las asociaciones de condominios.
“Muchos de estos propietarios no tienen hipoteca, han vivido en sus hogares durante décadas y ahora se ven obligados a vender o marcharse porque no pueden pagar”, lamentó el gobernador Ron DeSantis, quien ha pedido insistentemente medidas para aliviar esta situación.
“La gente necesita alivio. Los están poniendo en situaciones difíciles sin tener la culpa”, añadió.
El Senado impulsa su propia versión con foco en la transparencia
En paralelo, el Senado de Florida ha promovido dos iniciativas legislativas claves: SB 1742 y SB 368, esta última liderada por la senadora estatal Ileana García, también republicana por Miami-Dade. A diferencia del enfoque económico del proyecto de la Cámara, las propuestas del Senado ponen el acento en el control institucional y la transparencia dentro de las asociaciones de propietarios.
Entre los pilares del SB 368 destacan:
-La creación del Programa Piloto de Investigación sobre Delitos Económicos, Fraude y Corrupción en Condominios, adscrito al Departamento de Asuntos Legales.
-La posibilidad de contratar entidades privadas con experiencia en fraude financiero para investigar irregularidades.
-Facultades estatales de auditoría y citación judicial, y el fortalecimiento del rol del Defensor del Pueblo.
-La obligación de mantener seguros de fidelidad para proteger a los propietarios frente a gestiones fraudulentas.
-La creación, antes de 2027, de una base de datos pública y digital con información clave sobre cada asociación: directivos, presupuestos, informes estructurales, etc.
Esta propuesta, con sede inicial en el condado de Miami-Dade, se extendería hasta octubre de 2030 salvo decisión contraria de la legislatura.
Diferencias y críticas cruzadas
Pese a la coincidencia en la necesidad de reforma, las versiones de ambas cámaras divergen en aspectos clave.
Mientras el Senado aboga por la suspensión temporal del financiamiento de reservas durante dos años tras una inspección, para permitir concentrar recursos en reparaciones urgentes, el proyecto de la Cámara eliminó una disposición que prohibía a Citizens Insurance asegurar a asociaciones que no cumplan con las normas post-Surfside.
DeSantis no dudó en señalar sus reservas sobre la propuesta de la Cámara, advirtiendo que “no exige mayor responsabilidad a las Juntas directivas, complica y encarece la remoción de miembros, y permite que se tomen decisiones importantes sin la aprobación de los propietarios”.
A su juicio, esto beneficia a intereses particulares, como desarrolladores y litigantes, en detrimento de los residentes, “especialmente los más vulnerables”.
Asimismo, criticó el debilitamiento de los sistemas de votación electrónica, lo que podría facilitar manipulaciones internas.
Próximos pasos: conciliación final y aprobación
Ambas cámaras deberán ahora conciliar sus respectivas versiones antes de que la reforma pueda convertirse oficialmente en ley.
De lograrse, Florida daría un paso crucial hacia un modelo de convivencia en condominios más justo, sostenible y transparente.
“Por lo que lucharé es para asegurarme de que los propietarios de condominios vean un futuro seguro en sus hogares a un costo que puedan pagar”, concluyó la senadora Jennifer Bradley, otra de las impulsoras del proceso.
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