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Un operador del Ministerio del Interior (MININT) en Ciego de Ávila fue condenado a siete años de prisión por el delito de sabotaje, tras verter agua en el tanque de combustible de un grupo electrógeno que alimentaba el centro de comunicaciones de la delegación provincial del propio organismo.
Los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2024, durante una auditoría en la cual se detectó un faltante de 30 litros de diésel en la unidad identificada como “Ciego 1”, según el reporte oficial del periódico local Invasor.
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El acusado, un hombre graduado de la universidad y habilitado como “Operador C”, intentó encubrir la pérdida vertiendo agua en el tanque, en lo que describió como un acto impulsivo motivado por el miedo a ser responsabilizado.
Horas después, cuando el país enfrentaba uno de los frecuentes apagones, el grupo electrógeno fue activado, y funcionó apenas 20 minutos antes de fallar.
La contaminación con agua provocó la desconexión del sistema de comunicaciones del MININT, afectando también los servicios automatizados de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los sistemas de videoprotección en la provincia, las líneas telefónicas de emergencia de la PNR y los bomberos, así como el flujo informativo provincial y nacional.
Meses después, el juicio fue celebrado en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, en la provincia de Camagüey, bajo la causa número 4 de 2024.
El tribunal determinó que el acusado actuó con dolo eventual, es decir, siendo consciente de que su acción podía causar un daño, aunque no lo buscara directamente.
Fue hallado culpable de sabotaje, según el artículo 125, apartado 1, inciso a, del Código Penal vigente.
A pesar de que la defensa destacó su condición de acusado primario, su buena conducta social y laboral previa, el tribunal impuso una condena de siete años de privación de libertad, acompañada de sanciones accesorias como la inhabilitación para ejercer el cargo, prohibición de salida del país y el decomiso del recipiente usado para verter el agua.
El acusado expresó arrepentimiento: “Pensé que me iban a culpar, me puse nervioso… Mi intención nunca fue dañar nada. Estoy bastante avergonzado, porque no soy una persona que comete delitos, y mucho menos sabotaje”.
La fiscalía, sin embargo, recalcó la gravedad del delito, señalando que los actos de sabotaje atentan contra la seguridad interior del Estado, el orden institucional y la estabilidad de las estructuras políticas.
“El delito de sabotaje afecta el bien público y la seguridad interior del Estado… puede darse a título de dolo directo o eventual, como en este caso”, argumentó la representante del Ministerio Público.
Este caso pone en evidencia la severidad con la que las autoridades cubanas castigan conductas que afectan infraestructura estatal, sobre todo en medio de un escenario de apagones frecuentes, escasez de combustible y descontento popular, donde el régimen se muestra especialmente sensible a cualquier acto que pueda interpretarse como una amenaza a su control institucional.
Durante el mes de marzo de 2025, el régimen cubano intensificó su ofensiva judicial como parte del llamado Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales, una cruzada que busca transmitir un mensaje de autoridad y disciplina mediante juicios ejemplarizantes.
El propio Miguel Díaz-Canel demandó desde el Comité Central del Partido Comunista respuestas “contundentes” para delitos cometidos en instituciones estatales, incluyendo robos, actos vandálicos y corrupción, dejando claro que estas acciones se perseguirán con severidad para imponer control social.
Uno de los casos más notorios fue el juicio contra un hombre en Holguín, condenado a diez años de prisión por intentar arrebatarle un celular a una niña en plena calle, en medio de un contexto de creciente violencia urbana y percepción de inseguridad.
Este castigo extremo fue presentado como muestra de la “tolerancia cero” del Estado, pese a las dudas sobre su proporcionalidad respecto al delito cometido y la situación económica de la población.
Días antes, se procesó penalmente a operarios de la refinería "Ñico López" en La Habana, acusados de actos de corrupción y negligencia administrativa. Los implicados enfrentaron cargos graves tras detectarse irregularidades en la entrega de combustible, un recurso crítico en medio de una profunda crisis energética nacional.
En Puerto Padre, provincia de Las Tunas, otra exfuncionaria fue sentenciada a siete años de prisión por corrupción administrativa. Se trataba de la exintendenta del municipio, a quien se le imputaron delitos por favorecer indebidamente a entidades privadas y otorgar contratos irregulares.
Las autoridades subrayaron que este tipo de procesos contra figuras locales busca “preservar la transparencia en la gestión pública”, aunque expertos advierten que estas acciones pueden responder más a una lógica de escarmiento que a una real transformación institucional.
Preguntas frecuentes sobre el caso de sabotaje en Ciego de Ávila y la crisis energética en Cuba
¿Por qué fue condenado el operador del MININT en Ciego de Ávila?
El operador fue condenado a siete años de prisión por sabotaje tras verter agua en el tanque de combustible de un grupo electrógeno, lo que afectó el sistema de comunicaciones del MININT y otros servicios provinciales. Su acción fue vista como un acto de dolo eventual, consciente del daño potencial aunque no lo persiguiera directamente.
¿Cuáles fueron las consecuencias del sabotaje al grupo electrógeno en Ciego de Ávila?
El sabotaje provocó la desconexión del sistema de comunicaciones del MININT, afectando también servicios de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los sistemas de videoprotección, las líneas de emergencia y el flujo informativo, en medio de un apagón general en la provincia.
¿Qué refleja este caso sobre la postura del gobierno cubano ante delitos contra la infraestructura estatal?
El caso refleja la severidad con la que el gobierno cubano castiga conductas que afectan la infraestructura estatal, especialmente en un contexto de apagones frecuentes y descontento popular. Las autoridades están particularmente sensibles a cualquier acto que se interprete como una amenaza a su control institucional.
¿Cómo se enmarca este incidente dentro de la estrategia judicial del régimen cubano?
El régimen cubano ha adoptado una estrategia de "juicios ejemplarizantes" para controlar el descontento social, imponiendo condenas severas por delitos que afecten la infraestructura estatal o que se perciban como desestabilizadores del orden público.
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